COMISIÓN LATINOAMERICANA SOBRE DROGAS Y DEMOCRACIA
Drogas y democracia en América Latina:hacia un cambio de paradigma

Declaración

Fundamentación

Las convenciones internacionales
Resultados y Consecuencias de la "guerra a las drogas"
Las políticas de erradicación en América Latina
El narcotráfico: violencia, corrupción y democracia
Los límites del prohibicionismo
Reducción de daños, despenalización y descriminalización
Nuevas dinámicas en América Latina
Encarando el futuro
Declaración

Una guerra perdida

La violencia y el crimen organizado asociados al tráfico de drogas ilícitasconstituyen uno de los problemas más graves de América Latina. Frente a unasituación que se deteriora a cada día con altísimos costos humanos y sociales,es imperativo rectificar la estrategia de "guerra a las drogas" aplicada en losúltimos treinta años en la región.Las políticas prohibicionistas basadas en la represión de la producción y deinterdicción al tráfico y a la distribución, así como la crim inalización delconsumo, no han producido los resultados esperados. Estamos más lejos quenunca del objetivo proclamado de erradicación de las drogas.Una evaluación realista indica que:

América Latina sigue siendo el mayor exportador mundial de cocaína ymarihuana, se ha convertido en creciente productor de opio y heroína, yse inicia en la producción de drogas sintéticas; Los niveles de consumo continúan expandiéndose en América Latinamientras tienden a estabilizarse en América del Norte y Europa;En América Latina la revisión a fondo de las políticas actuales es aún másurgente a la luz de su elevadísimo costo humano y amenazas a lasinstituciones democráticas.

Asistimos en las últimas décadas a:

Un aumento del crimen organizado tanto por el tráfico internacionalcomo por el control de los mercados domésticos y de territorios por partede los grupos criminales.

Un crecimiento a niveles inaceptables de la violencia que afecta alconjunto de la sociedad y, en particular, a los pobres y jóvenes.

La criminalización de la política y la politización del crimen, así como laproliferación de vínculos entre ambos que se refleja en la infiltración delcrimen organizado en las instituciones democráticas.

La corrupción de los funcionarios públicos, del sistema judicial, de losgobiernos, del sistema político y, en particular, de las fuerzas policialesencargadas de mantener la ley y el orden.

Romper el silencio, abrir el debate

El modelo actual de política de represión de las drogas está firmementearraigado en prejuicios, temores y visiones ideológicas. El tema se ha transformado en un tabú que inhibe el debate público por su identificación conel crimen, bloquea la información y confina a los consumidores de drogas acírculos cerrados donde se vuelven aún más vulnerables a la acción del crimenorganizado.

Por ello, romper el tabú, reconocer los fracasos de las políticas vigentes y susconsecuencias es una condición previa a la discusión de un nuevo paradigmade políticas más seguras, eficientes y humanas.

Eso no significa condenar en bloque políticas que han costado enormesrecursos económicos y el sacrificio de incontables vidas humanas en la luchacontra el tráfico de drogas. Tampoco implica desconocer la necesidad de combatir a los carteles y traficantes. Significa, eso sí, que debemos reconocerla insuficiencia de los resultados y, sin descalificar en bloque los esfuerzoshechos, abrir el debate sobre estrategias alternativas con el concurso desectores de la sociedad que se han mantenido al margen del problema porconsiderar que su solución incumbe a las autoridades.

La cuestión que se plantea es reducir drásticamente el daño que las drogashacen a las personas, a las sociedades y a las instituciones. Para ello, esesencial diferenciar las sustancias ilegales de acuerdo con el daño queprovocan a la salud y a la sociedad.

Políticas seguras, eficientes y fundadas en los derechos humanos implicanreconocer la diversidad de situaciones nacionales, así como priorizar laprevención y el tratamiento. Esas políticas no deben negar la importancia delas acciones represivas - incluso con la participación de las fuerzas armadas ensituaciones límite de acuerdo a la decisión de cada país - para hacer frente alos desafíos planteados por el crimen organizado.

Límites y efectos indeseables de las estrategias represivas

Es imperativo examinar críticamente las deficiencias de la estrategiaprohibicionista seguida por Estados Unidos y las ventajas y los límites de laestrategia de reducción de daños seguida por la Unión Europea, así como laescasa jerarquía que le dan al problema de las drogas algunos países, tanto industrializados como en desarrollo.

Colombia es un claro ejemplo de las limitaciones de la política represivapromovida globalmente por Estados Unidos. Durante décadas, este país ha adoptado todas las medidas de combate imaginables, en un esfuerzodescomunal, cuyos beneficios no se corresponden con los enormes gastos y costos humanos. A pesar de los significativos éxitos de Colombia en su luchacontra los carteles de la droga y la disminución de los índices de violencia y dedelitos, han vuelto a aumentar las áreas de siembra de cultivos ilícitos y elflujo de drogas desde Colombia y el área Andina.

México se ha convertido de manera acelerada en otro epicentro de la actividadviolenta de los grupos criminales del narcotráfico. Esto plantea desafíos algobierno mexicano en su lucha contra los carteles de drogas que hanreemplazado a los traficantes colombianos como los que introducen la mayor5cantidad de narcóticos al mercado de Estados Unidos. México tiene el derechode reivindicar del Gobierno y de las instituciones de la sociedadestadounidense un debate sobre las políticas que allí se aplican y tambiénpedir a la Unión Europea un esfuerzo mayor para la reducción del consumo.

La traumática experiencia colombiana sin duda es una referencia para que seevite el error de seguir las políticas prohibicionistas de Estados Unidos y seencuentren alternativas innovadoras.

La política europea de focalizar en la reducción de daños causados por lasdrogas, como un asunto de salud pública, mediante el tratamiento de losusuarios, se muestra más humana y eficiente. Sin embargo, al no dar prioridada la reducción del consumo, bajo el argumento de que las estrategias dereducción de daños minimizan la dimensión social del problema, la política dela Unión Europea mantiene intacta la demanda de drogas ilícitas que estimulasu producción y exportación de otras partes del mundo.

La solución de largo plazo para el problema de las drogas ilícitas pasa por lareducción de la demanda en los principales países consumidores. No se tratade buscar países culpables por tal o cual acción u omisión pero sí de afirmarque Estados Unidos y la Unión Europea son co-responsables de los problemasque enfrentamos en la región, pues sus mercados son los mayoresconsumidores de las drogas producidas en América Latina. Es deseable, porello, que apliquen políticas que efectivamente disminuyan el nivel de consumoy que reduzcan significativamente el tamaño de este negocio criminal.

La visión de América Latina: hacia un nuevo paradigma

Considerando la experiencia de América Latina en la lucha contra el tráfico dedrogas y la gravedad del problema en la región, la Comisión Latinoamericanasobre Drogas y Democracia se dirige a la opinión pública y a los gobiernos deAmérica Latina, a las Naciones Unidas y a la comunidad internacionalproponiendo un nuevo paradigma sustentado en tres grandes directrices:

Tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud pública.

Reducir el consumo mediante acciones de información yprevención.

Focalizar la represión sobre el crimen organizado.

Nuestro enfoque no es de tolerancia con las drogas. Reconocemos que éstasprovocan daños a las personas y a la sociedad. Tratar el consumo de drogacomo un tema de salud pública y promover la reducción de su uso sonprecondiciones para focalizar la acción represiva en sus puntos críticos: ladisminución de la producción y el desmante lamiento de las redes detraficantes.Para concretar este cambio de paradigma, proponemos que América Latinatome las siguientes iniciativas en el marco de un proceso global detransformación de las políticas de combate al uso de drogas ilícitas:

1. Transformar los adictos de compradores de drogas en el mercadoilegal en pacientes del sistema de salud.La enorme capacidad de violencia y corrupción del narcotráfico sólo podrá sercombatida efectivamente si se debilitan sustancialmente sus fuentes deingresos. Con este propósito, el Estado debe crear las leyes, instituciones yregulaciones que permitan que las personas que han caído en la adicción dedrogas dejen de ser compradores en el mercado ilegal para convertirse enpacientes del sistema de salud. Esto, en conjunto con campañas educativas yde información, llevaría a una reducción de la demanda de drogas ilegales y aldesplome de los precios de las mismas, minándose de esta manera las baseseconómicas de este negocio criminal.

2. Evaluar con un enfoque de salud pública y haciendo uso de la másavanzada ciencia médica la conveniencia de descriminalizar la tenenciade marihuana para consumo personal. La marihuana es, por lejos, la droga más difundida en América Latina. Su consumo tiene un impacto negativo sobre la salud, inclusive la salud mental.Sin embargo, la evidencia empírica disponible indica que los daños causadospor esta droga son similares a los causados por el alcohol o el tabaco. Más importante aún, gran parte de los daños asociados a la marihuana – de laprisión y encarcelamiento indiferenciado de consumidores a la violencia y lacorrupción que afectan toda la sociedad - son el resultado de las políticasprohibicionistas vigentes.La simple descriminalización del consumo, si no va acompañada de políticasde información y prevención, puede tener como consecuencia la profundizaciónde los problemas de adicción.Estados Unidos es probablemente el país industrializado que dedica másrecursos a la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas. El problema está en laeficacia y las consecuencias de sus acciones. Su política de encarcelar a losusuarios de drogas, cuestionable desde el ángulo del respeto a los derechoshumanos y de su eficacia, es inaplicable en América Latina, considerando lasuperpoblación carcelaria y las condiciones del sistema penitenciario. Inclusiveesta política represiva propicia la extorsión de los consumidores y la corrupciónde la policía. En ese país también es descomunal la magnitud de los recursosque se usan para la interdicción del tráfico y para solventar el sistemacarcelario en comparación a lo que se destina para la salud y la prevención,tratamiento o rehabilitación de los consumidores.

3. Reducir el consumo a través de campañas innovadoras de informacióny prevención que puedan ser comprendidas y aceptadas, en particular porla juventud, que es el mayor contingente de usuarios. Las drogas afectan el poder de decisión de los individuos. El testimonio de exadictossobre estos riesgos puede tener mayor poder de convencimiento que laamenaza de represión o la exhortación virtuosa a no consumir. Los cambios enla sociedad y la cultura que llevaron a reducciones impresionantes en elconsumo de tabaco demuestran la eficiencia de campañas de información y prevención basadas en lenguaje claro y argumentos consistentes con laexperiencia de las personas a que se destinan. Cabe a las campañas de comunicación alertar de modo constante a lapoblación en general y a los consumidores en particular sobre laresponsabilidad de cada uno frente al problema, los peligros que genera el"dinero fácil" y los costos de violencia y corrupción asociados al tráfico dedrogas.La mayor parte de las campañas de prevención que hoy se desarrollan en elmundo son bastante ineficaces. Hay mucho que aprender con las experienciasde países europeos como, por ejemplo, el Reino Unido, Holanda y Suiza y espreciso explorar experiencias de otras regiones.

4. Focalizar las estrategias represivas hacia la lucha implacable contra elcrimen organizado. Las políticas públicas deberán priorizar la lucha contra los efectos más nocivospara la sociedad del crimen organizado, como la violencia, la corrupción de lasinstituciones, el lavado de dinero, el tráfico de armas, el control de territorios ypoblaciones. En esta materia es importante el desarrollo de estrategiasregionales y globales.

5. Reorientar las estrategias de represión al cultivo de drogas ilícitas. Los esfuerzos de erradicación deben ser combinados con la adopción deprogramas de desarrollo alternativo, seriamente financiados y que contemplenlas realidades locales en términos de productos viables y con acceso a losmercados en condiciones competitivas. Se debe hablar no sólo de cultivosalternativos sino de desarrollo social de fuentes de trabajo alternativo, deeducación democrática y de búsqueda de soluciones en un contextoparticipativo. Simultáneamente se deben considerar los usos lícitos de plantascomo la coca, en los países donde existe larga tradición sobre su uso ancestralprevio al fenómeno de su utilización como insumo para la fabricación de droga,9promoviendo medidas para que la producción se ajuste estrictamente a esetipo de consumo.

La participación de la sociedad civil y de la opinión pública

Un nuevo paradigma para enfrentar el problema de las drogas deberá estarmenos centrado en acciones penales y ser más incluyente en el plano de lasociedad y la cultura. Las nuevas políticas deben basarse en estudioscientíficos y no en principios ideológicos. En ese esfuerzo se debe involucrar nosólo a los gobiernos sino al conjunto de la sociedad.

La percepción de la sociedad sobre el problema así como la legislación sobredrogas ilícitas se encuentran en proceso acelerado de transformación enAmérica Latina. Un número creciente de líderes políticos, cívicos y culturales han expresado la necesidad de un cambio drástico de orientación.

La profundización del debate en relación con las políticas sobre consumo dedrogas debe apoyarse en evaluaciones rigurosas del impacto de las diversaspropuestas y medidas alternativas a la estrategia prohibicionista, que ya estánsiendo probadas en diferentes países, buscando la reducción de los dañosindividuales y sociales.

Esta construcción de alternativas es un proceso que requiere la participaciónde múltiples actores sociales: instituciones de justicia y seguridad, educadores,profesionales de la salud, líderes espirituales, las familias, formadores deopinión y comunicadores. Cada país debe enfrentar el desafío de abrir unamplio debate público sobre la gravedad del problema y la búsqueda de laspolíticas más adecuadas a su historia y su cultura.

En el ámbito continental, América Latina debe establecer un diálogo con elgobierno, congresistas y la sociedad civil de Estados Unidos para desarrollaren forma conjunta alternativas a la política de "guerra a las drogas". La inauguración de la Administración de Barack Obama representa una oportunidad propicia para la revisión en profundidad de una estrategia que hafracasado y la búsqueda en común de políticas más eficientes y más humanas.Simultáneamente, a nivel global, debemos avanzar en la articulación de unavoz y visión de América Latina capaz de influir en el debate internacional sobredrogas ilícitas, sobre todo en el marco d e las Naciones Unidas y de la ComisiónLatinoamericana para el Control del Abuso de Drogas. Esta participación activade América Latina en el debate global marcaría la transición de regiónproblemaa la de región-pionera en la implementación de solucionesinnovadoras para la cuestión de las drogas.

Fundamentación

Las convenciones internacionales

El actual régimen internacional de control de drogas se sustenta en tresconvenciones de las Naciones Unidas que establecen las bases de DerechoInternacional sobre el control de drogas ilícitas. Estas Convenciones – laprimera de ellas realizada en 1961 – fueron formuladas bajo una directrizbásica: todas las drogas definidas por las Convenciones como ilícitas sólopueden tener fines medicinales y de investigación, lo que implica calificar comocrimen la producción para todos los demás objetivos.

Las políticas derivadas de las convenciones pretenden la eliminación decualquier uso recreativo, ritual, experimental o de automedicación de la coca,cocaína, opio, heroína, marihuana y otras diversas drogas. El sistema de control que de ellas emerge se basa esencialmente en políticas de represión, sanción y punición. La primera Convención estableció como objetivo la eliminación del consumo de opio en 15 años y de la coca y de la marihuana en 25.

En cuanto al consumo, los principios adoptados dejan espacio para iniciativasde despenalización o descriminalización de los usuarios, aunque ellascontinúen siendo ilegales. Los países signatarios de la convención pueden, deesta forma, ser flexibles en el tratamiento de los consumidores, aunque debancombatir la producción y la comercialización de drogas ilegales.

Las tres convenciones de las Naciones Unidas sobre el tema de las drogasson:

Convención Única Sobre Estupefacientes, de 1961: creó la estructuradel Régimen Internacional de Control de Drogas, o sea, las prácticas , lasinstituciones y los criterios orientadores que los países deben seguir enrelación a la política internacional de drogas, que determinó:- Qué sustancias y sus consumos deben ser fiscalizadas (opio,cocaína, marihuana);- Cómo añadir nuevas sustancias a la lista de control de estetratado;- Las atribuciones de la ONU en el sistema de control internacionalde drogas.

Convención sobre Sustancias Psicotrópicas, de 1971; fue creada paralidiar con la creciente variedad de drogas que surg ieran en los años 60 y70, como los estimulantes, las anfetaminas y el LSD (Dietilamida delácido lisérgico). La convención definió medidas de control de lapreparación, del uso y del comercio de estas nuevas sustancias.

Convención contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas y SustanciasPsicotrópicas, de 1988: lidió con cuestiones específicas directamenterelacionadas al tráfico de drogas, ta les como el control de precursores(sustancias que en sí no son peligrosas, pero que sirven para laproducción de drogas ilícitas) o el combate al lavado de dinero. Ella representa el ápice de la expectativa de que la represión puede llevar aun "mundo libre de drogas", o por lo menos reducir significativamente laproducción y consumo de drogas ilícitas.

Resultados y Consecuencias de la "guerra a las drogas"

Actualmente 208 millones de personas en el mundo usan algún tipo de drogasilícitas por lo menos una vez por año. De este total, se calcula que 15% sufrenproblemas crónicos de dependencia. La marihuana es la droga más consumida(160 millones). Drogas sintéticas, a base de anfetaminas y el ecstasy, yasuperan, en número de usuarios, a la cocaína y a la heroína 1. El negocio de lasdrogas ilícitas controlado por el crimen organizado es estimado en centenas demiles de millones de dólares.

El último Informe Mundial sobre Drogas2, de la UNODC (Oficina de lasNaciones Unidas sobre Drogas y Crimen), reconoce que la aplicación de lasConvenciones de las Naciones Unidas sobre drogas ilícitas produjo variasconsecuencias negativas inesperadas:

La creación de un mercado negro controlado por el crimen.

La lucha contra el crimen, consorciado con el comercio de drogas, exigerecurs os crecientes, muchas veces en detrimento de la inversión ensalud pública, que era la razón de ser de la política prohibicionista.

La represión a la producción en un lugar llevó a que ésta fuesetransferida para otras regiones, manteniendo la oferta global estable.

El desplazamiento del tipo de drogas usadas, en función de cambios enlos precios relativos producidos por la represión.

Finalmente, la política prohibicionista ha generado la estigmatización depersonas adictas, que son marginalizadas socialmente, sufriendodificultades para obtener tratamiento adecuado.El objetivo fijado se reveló irrealizable y los propios organismos de lasNaciones Unidas reconocen que se pasó del objetivo inicial de eliminación delas drogas a una política de contención de los niveles de producción y comercialización.

Los costos para mantener la prohibición resultaron enormes. El informe de laUNODC subestima lo que denomina consecuencias inesperadas. Elnarcotráfico produjo incrementos enormes en los niveles de violencia. Élcorrompe las instituciones y la democracia. Transforma millones de personasque viven en barrios pobres en rehenes del crimen organizado. Empuja a losdependientes de drogas a utilizar jeringas trasmisoras de VIH y otrasenfermedades contagiosas. Las Convenciones internacionales desconocenformas ancestrales de utilización de la coca, criminalizando culturas y pueblos.En muchos países, las penalidades son desproporcionadas , causando elencarcelamiento masivo y, en algunos países, ejecuciones.

Las políticas de erradicación en América Latina

Tres países latinoamericanos (Colombia, Perú y Bolivia) producen la totalidadde la oferta mundial de cocaína.3 En las últimas décadas, con apoyo delgobierno de Estados Unidos, estos países iniciaron políticas de erradicación deplantíos, aprehensión y represión a l tráfico. El programa más importante fue elPlan Colombia, que se proponía acabar con el conflicto armado en ese país,elaborar una estrategia de enfrentamiento con el narcotráfico, erradicar laproducción de coca, revitalizar la economía del país y ofrecer alternativas a losproductores rurales

Las principales metas del Plan Colombia y de los otros programas deerradicación no fueran alcanzadas. La producción, aunque llegase a sufrirfluctuaciones, continúa siendo suficiente para suplir el mercado mundial:



Colombia Perú Bolivia Fuente: Coca Cultivation in the Andean Region: A survey of Bolivia, Colombia and Peru ,june 2008, United Nations Office on Drugs and Crimen.

A pesar de que los niveles de aprehensión, tanto en los países exportadorescomo en los importadores, hayan presentado aumentos considerables, ellos noafectaron la oferta final y ni aún el precio al consumidor. Por el contrario, elprecio de la cocaína presenta una tendencia dominante de caída, en tanto elproducto aumenta su grado promedio de pureza.

Gráfico 2: Precios Mayorista y Minorista de Cocaína en EEUU



Fuente: preparado por ONDCP para RANDCorporation; valores de 2003 con base en datos sólo de Enero a Junio.Fuente: WOLA, Washington Office on Latin America, 2008, "U.S. Drug Policy: At What Cost?Moving Beyond the Self-Defeating Supply-Control Fixation" Walsh, John, SeniorAssociate for the Andes and Drug Policy, p.7.

En suma, la política prohibicionista se mostró ineficaz. No solamente la ofertafue mantenida en niveles estables como los precios cayeron, a pesar de losenormes gastos realizados por Estados Unidos en la represión al comercioexportador de los países productores:

3: Gastos de EEUU en el Extranjero en la Guerra a las Drogas y PreciosMinoristas de la Cocaína, 1990 -



Fuente: Gastos: Washington Office on Latin America 2005; Precios: Naciones Unidas, 2008.

Esta situación es el resultado, en primer lugar, de la diferencia entre el preciode la materia prima y el precio pagado por el consumidor final. La prohibiciónproduce un mercado que ofrece lucros exorbitantes:

Tabla 1: Precios de la Cocaína a Través del Sistema de DistribuciónProducto Nivel de MercadoPrecio EfectivoPrecio/Kg.



Fuente: Reuters, Peter, 2008, "Assessing U.S. Drug Policy", School of Public Policy andDepartment of Criminology University of Maryland.

En segundo lugar, los programas de erradicación no consiguieron disminuir deforma relevante la producción, que se des plazó para otros lugares. El resultadoefectivo de la represión fue un cambio constante de la localización de laproducción y de los principales centros de comercialización. Hasta mediadosde la década del 90, la hoja de la coca era cultivada principalmente en Perú yen Bolivia, dos países que detentaban el 80% de las plantaciones mundiales decoca y que procesaban las hojas en pasta. La pasta era transportada enpequeños aviones hacia la Selva Amazónica en territorio colombiano, donde,entonces, era mezclada con sustancias químicas y se convertía, finalmente, encocaína. En seguida, la droga era enviada para Estados Unidos, país queconsumía más de la mitad de la cocaína en el mundo.

El primer cambio sustancial en la localización de la producción ocurrió con lareducción de las áreas de cultivo en Perú y Bolivia, compensada por elcrecimiento de la producción en Colombia, que se tornó el mayor productormundial. En Colombia, parte de las áreas cultivadas estaba localizada enterritorio bajo el control de las FARC — Fuerzas Armadas Revolucionarias deColombia —, que pas aron a organizar los productores e intermediar las ventasde la producción. La coca se transformó en un componente importante delingreso del grupo guerrillero colombiano. A su vez, los grupos paramilitaresautodenominados Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), también pasarona participar del negocio de la coca.

Los carteles formados por traficantes colombianos controlaron buena parte dela exportación de coca para Estados Unidos hasta los años 90, cuando lasprincipales organizaciones se debilitaron. La muerte y las prisiones denarcotraficantes colombianos llevaron al desmantelamiento de los Carteles de Medellín y de Cali. Esto produjo una fragmentación del narcotráfico y eldesplazamiento del control de parte del sistema de comercialización enEstados Unidos para el crimen organizado mexicano.5 Pecaut, Daniel. Guerra contra la sociedad, Bogotá, Editorial Espasa, 2001.

Los traficantes mexicanos expandieron su dominio sobre la distribución decocaína en Estados Unidos ingresando también en el mercado europeo. Estoha llevado a un aumento enorme de la criminalidad y violencia asociadas altráfico en México, con importantes ramificaciones en las instituciones públicas.

El narcotráfico: violencia, corrupción y democracia

Los niveles globales de consumo de drogas ilícitas tuvieron, durante décadas,un crecimiento constante y persistente, pero se han estabilizado relativamenteen los últimos años . No fue esto lo que acontec ió en América Latina, donde eluso de drogas ilícitas continúa creciendo. Así, además de enfrentar el crimenorganizado asociado al comercio internacional de drogas, la región debeenfrenta r, simultáneamente, el tráfico para el consumo doméstico.

La producción y la comercialización de drogas ilícitas han promovido elsurgimiento de poderes marginales paralelos, levando a la degradación oincluso a la quiebra de las instituciones públicas y al consecuentedebilitamiento del orden democrático. Los mercados de drogas ilegalesrepresentan una proporción relevante de las economías en países productores.

Las principales consecuencias de la guerra contra las drogas en las sociedadesde América Latina pueden ser resumidas en cinco grandes puntos:

El desarrollo de poderes paralelos en los espacios de fragilidad de losEstados nacionales (barrios pobres de las grandes ciudades y periferia;regiones distantes del interior, regiones fronterizas, territorio amazónico);

La criminalización de los conflictos políticos;

La corrupción de la vida pública (sobretodo en la estructura policial, en laJusticia y en el sistema penitenciario);

La alienación de la juventud, sobretodo de la juventud pobre;

El desplazamiento de campesinos y el estigma sobre culturastradicionales (más de dos millones de des plazados internos y millares derefugiados del combate a las drogas en Colombia; estigma lanzado19sobre el cultivo de coca, planta de base de las culturas andinas enBolivia y Perú).

Según datos de las Naciones Unidas y del Banco Mundial, América Latinaposee actualmente la mayor tasa de homicidios del mundo. Entre los jóvenes,en varios países, la cantidad de muertes supera inclus ive la de muchos paísesen otras regiones en estado de guerra.6 Los cinco primeros lugares en elranking mundial de tasa de homicidios juveniles por cada 100 mil habitantesson países latinoamericanos. El Salvador aparece en primer lugar (con tasa de92,3), seguido por Colombia (73,4), Venezuela (64,2) Guatemala (55,4) y Brasil(51,6):

Tabla 2: Tasa de Homicidio Juvenil



La relación entre homicidios , armas de fuego y comercio de drogas es central.Las drogas financian las compras de armas que sustentan la guerra entrepandillas por el control de territorios y del tráfico. La geografía del tráfico dedrogas y de armas no respeta soberanías nacionales ni fronteras.

En Brasil, el tráfico de armas y drogas pasó a dominar la dinámica criminal enlas regiones metropolitanas y alcanza el conjunto de la sociedad y susinstituciones . Las drogas financian la compra de armas, que son usadas en lasluchas entre las pandillas por el control de territorios y en el enfrentamiento conla policía.

Los traficantes controlan grandes espacios urbanos donde viven los sectoresmás pobres, actuando como autoridades de hecho. Parte de los recursos escanalizada para corromper autoridades policiales y del sistema de seguridadpúblic a. En ciertos estados y municipios, la influencia del tráfico afecta alconjunto de las instituciones públicas.

El mercado ilegal de armas de fuego, asociado generalmente a las drogas , es el mayor responsable por los altos niveles de homicidio, en particular entre losjóvenes. Aunque la violencia y la inseguridad afecten a todos los ciudadanos,las tasas de homicidio son considerablemente mayores en los barrios en que larenta promedio es menor y los servicios urbanos son más deficientes. El comercio de drogas usa sistemáticamente la población infanto-juvenil, muchasveces niños de 10 años de edad, muchos de ellos armados.

Según estudios del Observatorio de Favelas (www.observatoriodefavelas.org ),los menores de 18 años representarían entre el 50% y 60% de la mano-de-obraempleada en este servicio. Niños y adolescentes cumplen funciones noarmadaso armadas.

Los límites del prohibicionismo

En el documento preparado para la Comisión, el Profesor Peter Reuter, de laUniversidad de Maryland, señala que la consecuencia más notable en EstadosUnidos derivada de este énfas is en las medidas de represión fue la prisión deun inmenso número de personas por crímenes relacionados con drogas:

En tanto que en 1980, menos de 50.000 personas fueranpresas, ese número aumentó para 500.000 en el año2007. El medio millón estimado (que incluye tantoaquellas personas que se encuentran en prisiones localescomo las que se encuentran en prisiones estaduales yfederales) comprende sólo aquellos condenados porventa y posesión de drogas, no incluye aquellos quefueron presos en función de crímenes violentos ocrímenes contra la propiedad derivados de sudependencia de las drogas. Lo que es realmentesorprendente es que el número haya continuadoaumentando aún a pesar de que existiesen buenasrazones para creer que la escala del tráfico de drogasvenía cayendo moderadamente durante los últimos quinceaños.

Hoy existen en Estados Unidos cerca de 500 mil personas encarceladas poralgún tipo de crimen ligado a las drogas — 12 veces más presos que en el año1980 —, aunque ningún estudio pruebe la eficacia de la cantidad de prisionesmasivas en la evolución de la formación del precio de las drogas. En efecto,como se ve en el gráfico abajo, en los últimos 25 años, en cuanto el número deprisiones aumenta, el precio de las drogas disminuye, sistemáticamente:

Gráfico 4: Encarcelamiento relacionado con drogas y comercialización minorista deheroína y cocaína en EEUU:



Nota: precios ajustados por inflaciónFuente: Reuters, Peter, 2008, "Assessing U.S. Drug Policy", School of Public Policy andDepartment of Criminology University of Maryland.

El prohibicionismo ayudó a convertir Estados Unidos en el país con la mayorpoblación carcelaria del mundo. El costo total para sustentar un traficante enprisión en Estados Unidos puede llegar a 450 mil dólares: los costos de prisióny juicio están calculados en 150 mil dólares; los costos de proveer una plazaadicional en el sistema carcelario es de aproximadamente 50 mil a 150 mildólares, dependiendo de la jurisdicción; los costos de mantenimiento de unpreso es de cerca de 30 mil dólares por año — con una condena promedio decinco años , son 150 mil dólares. Con este mismo monto de 450 mil dólares, sepuede conceder tratamiento y educación a aproximadamente 200 personas.

En editorial del día 2 de julio de 2008, titulado Not Winning the War on Drugs (No venciendo la guerra a las drogas), el diario The New York Times parecía representar el nuevo pensamiento de parte de la sociedad estadounidensecuando afirma que:

El próximo gobierno, por encima de todo, debe esforzarsemucho más en el sentido de frenar la demanda, gastandomás dinero en tratar viciosos y usuarios, en lugar deprenderlos. Tribunales de drogas – cuyas condenas estánrelacionadas siempre a métodos y períodos de23tratamientos para usuarios – todavía lid ian con unapequeña fracción de los casos de drogas en el sistemajudicial. La cantidad de esos tribunales debe seraumentada sustancialmente.

El problema de la droga debe ser contemplado,sobretodo, como una cuestión de salud pública y menoscomo una cuestión policial. En cuanto la demanda no seainhibida en el país, no existe chance de vencer la guerra alas drogas.

Reducción de daños, despenalización y descriminalización

En las últimas décadas , varios países desarrollaron políticas innovadoras paraenfrentar el problema del uso de drogas ilícitas , teniendo como pilares ladespenalización y/o la descriminalización del usuario y la política de reducciónde daños.

Las políticas de reducción de daños consisten en una estrategia que trata elconsumo de drogas como una cuestión de salud pública, en la cual eldependiente es visto como persona que precisa ser auxiliada en vez decrimin al que debe ser castigado. El objetivo inicial de los países quedesarrollaron la política de reducción de daños fue reglamentar la distribuciónde jeringas , agujas y pipas a los usuarios de drogas, con la finalidad de reducirel número de casos de enfermedades como SIDA y hepatitis, cuyo riesgo decontaminación es alto cuando se comparten jeringas. Posteriormente esta política pasó a incluir programas de apoyo y tratamiento de personasdependientes.

La despenalización es definida por Cervini como "el acto de disminuir la penade un ilícito sin descriminaliz arlo, quie re decir sin retirar del hecho el carácter deilícito penal". O sea, la prohibición legal del uso y porte de estupefacientescontinua vigente en el derecho penal, pero el ilícito deja de ser sancionado conla privación de libertad.

El problema presentado por la despenalización del consumo, manteniendo sucriminalización, es que ella todavía otorga a la autoridad policial un alto poderdiscrecional. En países donde la corrupción de la fuerza policial es endémica,la criminalización puede ser utilizada para chantajear al usuario de drogas,práctica común en países de América Latina.

La alternativa a la despenalización es la descriminalización, aplicada solamenteal consumidor:

La descriminalización quita el status de ley criminal de aquellosactos a los cuales se aplica. Eso significa que ciertos actosdejan de constituir transgresiones criminales. En relación a lasdrogas, ella generalmente se refiere a la demanda, actos deadquisición, posesión y consumo. Según la descriminalización,aún es ilegal usar, poseer, adquirir o, en algunos casos,importar drogas, pero esos actos dejan de ser crímenes. Sinembargo, todavía pueden ser aplicadas sancionesadministrativas; estas pueden ser una multa, suspensión de lalicencia de conducir o de porte de armas o sólo unaadvertencia. A diferencia, la legalización es el proceso de traeral control de la ley una actividad específica que fuepreviamente ilegal y prohibida o estrictamente reglamentada.

La política de combate a las drogas adoptada oficialmente por diversos paísesasocia la despenalización o la descriminalización del consumo a políticas dereducción de daños . Esta perspectiva está probando ser un modelo más eficazy humano, en contraste con el enfoque prohibicionista.

En la mayoría de los países europeos (con excepción de Suecia y Grecia),Canadá y Australia, la pos esión de cantidades pequeñas de marihuana no llevaa la criminalización de los usuarios . Tanto en la práctica legal como en larepresión al comercio, se observa una distinción entre drogas débiles y fuertes.En la mayoría de los países , los traficantes, en particular de drogas pesadas,pueden ser tratados con penas severas.8

A pesar de presentar muchos aspectos en común, las políticas nacionales presentan variaciones:

En Portugal, España e Italia, la posesión de drogas para uso personalfue descriminalizada. Las personas pueden estar sujetas sólo asanciones administrativas, como multas (que en algunos casos puedenser retiradas si el usuario concordar en someterse a un tratamiento). En España es permitido plantar marihuana para uso personal y en Italia laposesión de cualquier droga en cantidad de consumo individual fuedescriminalizada.

La política suiza se funda en "cuatro pilares": prevención, terapia,reducción de los riscos y represión. En Suiza, la posesión de cualquierdroga para uso personal es tratada como una contravención (sometida asanciones administrativas). En 2001, el Senado aprobó una ley paralegalizar la posesión, el cultivo y el uso de marihuana (para mayores de18 años ). La medida, sin embargo, fue derrotada por pocos votos en laCámara de los Diputados y en un referendo reciente. A pesar de eso, lamarihuana es tolerada por la policía y puede ser adquirida prácticamenteen forma abierta. En Suiza existe un programa pionero de prescripciónde heroína, que fue aprobado por un referendo nacional.

En Holanda, la posesión de pequeñas cantidades de marihuana y sucultivo en pequeña escala para uso personal fueron despenalizados y suventa y uso en los llamados coffeeshops - con licencia oficial para uso yventa de marihuana en pequeñas cantidades - fueron descriminalizados.El objetivo original era permitir el acceso a la marihuana para consumoindividual, disociándola de drogas más pesadas. La heroína es accesiblebajo prescripción médica y salas para inyección segura estándisponibles para dependientes. La oferta legal de marihuana no haproducido tasas de consumidores más altas que en varios paíseseuropeos donde el comercio permanece ilegal. Los coffeeshopsfuncionan regularmente desde 1976, aunque su continuidad esté siendocuestionada por la incomodidad causada por los turistas que visitanHolanda exclusivamente para comprar marihuana y por la presencia de26pequeños traficantes en busca de turistas para venta de drogaspesadas.

En abril de 2001, Luxemburgo descriminaliz ó el uso y porte demarihuana. Problemas relacionados al uso, adquisición y cultivo demarihuana son tratados con sanciones administrativas en vez depenalidades criminales.

En Bélgica, desde 2002, el uso de marihuana fue descriminalizado.Procesos penales sólo se desarrollan y prisiones sólo suceden en casosde grave perturbación social y del orden público. Una ley semejante estásiendo adoptada en el Reino Unido y ya rige hace pocos años enIrlanda.

En Alemania, la posesión de pequeñas cantidades de cualquier tipo dedroga fue despenalizada (la tolerancia con relación al peso esdeterminada por los gobiernos regionales). Desde 1994 fueran abiertosmás de 50 centros para inyección segura de heroína, con supervisiónmédica. Desde 2002, un programa sofisticado de disponibilización deheroína a usuarios altamente dependientes funciona en grandesciudades.

En Dinamarca, la posesión de pequeñas cantidades de marihuana estratada con simple advertencia policial, en cuanto que pequeñascantidades de cocaína o heroína son tratadas por la ley con advertenciay aprehensión. Multas son impuestas para los reincidentes. En ciertoscasos de drogas pesadas, los usuarios con posesión de una única dosis,para uso propio, en algunos casos, reciben permis o para permanecercon la droga. El motivo dado por la policía es que el efecto de ese tipode aprehensión sería mínimo y los costos pueden ser altos ya que elusuario podría cometer un crimen o delito para obtener dinero para otradosis.

En Francia, aunque el uso de estupefacientes no haya sidodespenalizado, la fiscalización decide, caso por caso, si da unaadvertencia por una primera infracción, aplica las penalidades criminaleso direcciona el usuario para tratamiento. Una directriz , de 1999, del Ministerio de Justicia, recomienda no procesar los casos de uso27individual de drogas ilegales, cuando no existan otras infraccionesagravantes. También determina que la prisión deba ser usada sólo como"último recurso".

En mayo de 2004, Rusia presentó una nueva ley que sustituye la prisiónde usuarios por multas administrativas para la posesión de "hasta dosdosis" de cualquier droga para uso personal. En tanto, los extranjerospueden ser expulsados o tener negadas futuras entradas en el país casose involucren en situaciones de infracciones por posesión de drogas.

En América del Norte, las políticas igualmente están cambiando. En Canadá, eldebate sobre la política de combate a las drogas viene evolucionandorápidamente en los últimos años. Una comisión del senado canadiensepropuso la legalización de la marihuana, así como la realización de reformasimportantes en la legislación de prevención y represión a las drogas.

Aún en Estados Unidos, varias legislaciones estaduales y municipales garantizan tratamiento diferenciado a los usuarios de drogas leves. Hace másde 35 años, en octubre de 1973, el estado de Oregón redujo la infracción deposesión inferior a 30 gramos de marihuana a una "violación civil", con penamáxima de una multa de 100 dólares. Otros diez estados norteamericanos(incluyendo Alaska, que llegó a descriminalizar la posesión para uso personal)promulgaron leyes que redujeron sólo a una multa la pena máxima porposesión de marihuana. En el estado de California, la marihuana no sólo suproducción es permitida para "uso médico", como también ya es gravada.

El uso de marihuana para fines medicinales y terapéuticos fue descriminalizadoa comienzos de diciembre de 2008 en el estado del Michigan. Michigan sevolvió, así, el 13er estado del país en legalizar la marihuana para uso clínico yterapéutico, a pesar de que las leyes no sean claras en relación a los mediosde obtención de la hierba. La ley, aprobada en referendo por electores, permiteque pacientes con cáncer, SIDA, glaucoma y algunas otras enfermedadesutilicen la marihuana, bajo recomendación médica, como forma de atenuar lossíntomas tanto de las enfermedades como de los respectivos tratamientos. Laspersonas habilitadas pueden registrarse oficialmente en la burocracia del28estado para rec ibir carnés especiales de identificación. Las personas conposesión de ese carné "podrán adquirir, poseer, portar y cultivar una cantidadlimitada – no superando el peso de 2,5 onzas (cerca de 30 gramos ) y 12plantas – de marihuana. Los contemplados con ese derecho de posesión,cultivo y consumo, pueden además nombrar otra persona – de quien seandependientes o rec iban cuidados – para obtener el "carné de la marihuana".

La ley es aplicada de forma muy diferente según el Estado y municipio. En la ciudad de San Francisco, por ejemplo, proliferan pequeños establecim ientos –case siempre cafeterías – que tienen a disposición para venta cigarros, tés ycantidades limitadas de marihuana. A pesar de ser ilegal, la policía raramenteinterviene en ese tipo de comercio.

Además de los cambios en las legislaciones nacionales , comienzan a surgirmovilizaciones para modificar las Convenciones internacionales, en particularen relación a la exclus ión de la marihuana como droga ilícita. El The GlobalMarihuana Commission Report, preparado por la Beckley Foundation,presenta varias alternativas en este sentido. El informe argumenta que lamarihuana tiene efectos negativos sobre la salud — sea directos o indirectos —menores que el alcohol o el tabaco. La propuesta de descriminalizar la marihuana está asociada a políticas públicas de control e informaciones sobresu uso, como ocurre con otras drogas lícitas.

Si compararos el impacto sobre el consumo de las políticas seguidas en Europa y Estados Unidos, las tendencias son, en general, las mismas . O sea,políticas menos represivas, con menos costos sociales y más humanas, noproducirán incrementos en el consumo.

Nuevas dinámicas en América Latina

En América Latina, varios países implementaron políticas, o están en vías dehacerlo, para despenalizar la posesión para uso personal de drogas ilícitas.

Entre ellos están Venezuela, Argentina, Colombia y Brasil. Además de eso,crece, en los países de la región andina con tradiciones ancestrales de uso dela coca, la exigencia de respeto a las culturas locales y la demanda de usosalternativos. Pequeños cultivos de hoja de coca en Bolivia son diferenciados delos graneros del tráfico, y el lema del presidente Evo Morales es "cocaína c ero,pero no coca c ero" - un objetivo todavía a ser alcanzado, pues Bolivia continuasiendo un importante productor de coca para usos ilícitos. Desde 1988, Bolivia permite, por ley, el cultivo de la coca, para mascar o hacer infus iones, en hasta12 mil hectáreas. La cuota fue ampliada en 2004. Lo que supera el área debeser erradicado. Aunque descontenta y presionando por límites menores decultivo, la Casa Branca cedió al formato y continuó enviando ayuda al gobiernopara realizar acciones antidrogas. La cooperación, sin embargo, fuesuspendida con el veto de La Paz a las erradicaciones forzadas.

En Brasil, la primera política nacional de control de drogas fue formulada por elgobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso, a través de la creacióndel Secretariado Nacional de las Drogas, que debería desarrollar unaorientación para conciliar métodos de represión, planos de prevención yreducción de demanda. En 2006, bajo el gobierno del presidente Luis InácioLula da Silva, la política de drogas fue reorientada con la Ley nro. 11.343,fortaleciendo acciones de prevención y garantizando medidas educativas , enlugar de penas para usuarios y espacio para cultivo de plantas para usocomprobadamente personal.

En México, en marzo de 2003, el ex-presidente mexicano Vicente Fox hizo elsiguiente comentario: "Mi opinión es que, en México, no es delito poseer oportar en el bolsillo una cantidad pequeña de droga. […] la Humanidad un díaverá la legalización de las drogas como la alternativa más sensata". Ya en octubre pasado, el presidente mexicano Felipe Calderón envió un proyecto deley que descriminaliza la posesión de pequeñas cantidades de drogas con elobjetivo de mantener viva su cruzada contra el narcotráfico y calmar laviolencia en las calles . La iniciativa de Calderón propone que no sean punidosusuarios con quien se encuentren hasta dos gramos de marihuana, 5030 miligramos de heroína, 500 miligramos de cocaína y 40 miligramos demetanfetamina.

La medida pretende diferenciar, de forma legal, el consumidor, el proveedor yel vendedor de drogas. "Lo que se busca es tratar el dependiente no como undelincuente, sino como un enfermo y darle tratamiento psicológico o médico",comentó el senador Alejandro González, presidente de la Comisión de Justiciadel Senado mexicano.

El gobierno argentino, a su vez, promete en breve un proyecto de ley paradescriminalizar el consumo de drogas. El ministro de Justicia, AníbalFernández, declaró que el gobierno busca "una norma moderna, inteligente yque conceda responsabilidades al Poder Judicial para resolver la problemática,a medida que se vaya presentando". La presidente argentina CristinaFernández Kirchner critic ó recientemente aquellos que "condenan aldependiente sin entender el problema personal y social" e insistió que "debenser punidos los que venden narcóticos, no los que cons umen".

En Medellín y Cali, en Colombia, programas de reinserción social deconsumidores muestran buenos resultados, donde las tasas de homicidiosfueron reducidas en forma considerable.

Recientemente, los gobiernos del Brasil y de Bolivia firmaron un acuerdolanzando una estrategia regional contra las drogas, de la cual también deberánhacer parte Argentina, Perú y Chile. El acuerdo prevé acciones conjuntas depolicías, localización y destrucción de laborato rios y pistas de aterrizajeclandestinas, soporte de las Fuerzas Armadas y trueque de informacionessobre el tráfico.

En suma, como muestran estos ejemplos, con características y ritmos diversos,los países de América Latina se orientan en la misma dirección: la demanda dealternativas a políticas de represión indiscriminada, reconociendo que lacomplejidad de los temas y de los diferentes actores sociales involucrados31exigen respuestas innovadoras que movilicen el conjunto de recursos de lasociedad y una amplia gama de políticas públicas.

Encarando el futuro

El incremento de la violencia en América Latina, en buena medida asociada altráfico de drogas, se ha transformado en los últimos años en uno de losprincipales problemas para los ciudadanos y las instituciones democráticas dela región. La orientación de combatir las drogas por la prohibición, represión,sanción y punición no sólo no resuelve el problema, como genera otros nuevosy más graves. La experiencia con drogas legales, como el tabaquismo y elalcoholismo, indica que pueden ser obtenidos resultados altamente positivosutilizando campañas de informaciones, educación y concientización y, cuandosea necesario, apoyo terapéutico.

Aún con fuerte represión policial-militar, erradicación de plantaciones, dañoscausados a las estructuras físicas del narcotráfico y con las constantesaprehensiones de voluminosos cargamentos de drogas, los márgenes de lucrodel crimen organizado superan, ampliamente, sus perjuicios. La oferta de cocafue suficiente para suplir los mercados e inclusive bajar los precios.

Como ya fue señalado, los conflictos involucrando la producción ilegal paraexportación y para consumo interno llevaron la región a tener los mayoresíndices de homicidios del planeta. El lucro de las drogas es el principalfinanciador del comercio ilegal de armas y millares de jóvenes son muertos enluchas internas por el control del comercio o en combates con la policía o conmilitares, que también son víctimas fata les de esta guerra singular. Parte de lasfuerzas responsables por el mantenimiento del orden y de las estructuras depoder fue cooptada por el crimen organizado y el poder corruptor del dineroasociado al tráfico de drogas penetra en todos los niveles de los poderespúblicos y corroe los propios fundamentos d e la democracia.

¿Cómo enfrentar este problema? La estrategia centrada fundamentalmente enla represión fracasó en América Latina. El deseo de un mundo sin drogas no32constituye un horizonte realista y, por lo tanto , no puede ser el fundamento depolíticas públicas, cuyos objetivos deben tener como prioridad la prevención, eltratamiento y la reducción de daños para el conjunto de la sociedad, losindividuos, las familias y las instituciones.

A pesar de la importancia y la gravedad que el tema presenta para losciudadanos de la región, él es tratado marginalmente en las campañaselectorales, los medios y el debate público en general. Los avances en laregión – y muchos de ellos importantes – hechos por diversos países en lalegislación o en las formas prácticas de tratar la cuestión, así como lasdeclaraciones públicas realizadas por líderes políticos, aunque representenpasos importantes, todavía son insuficientes. Los gobiernos y las sociedadesde América Latina deben profundizar el debate sobre el fenómeno de lasdrogas. Con la ausencia de una discusión amplia y bien informada, losproblemas relativos a la violencia, la corrupción y la eros ión del poder públicotienden no solamente a agravarse, como se vuelven cada vez más difíciles deser resueltos.

Las políticas de combate a las drogas, adoptadas oficialmente por diversospaíses, en particular en Europa, con enfoque en la despenalización o en ladescriminalización del consumo, en el tratamiento de las personasdependientes, en la prevención de efectos secundarios extremamentemaléficos (como utilización de jeringas contaminadas que vehiculanenfermedades contagiosas, como el VIH), se han mostrado un modelo máseficaz y humano.

En América Latina, diversos países implementaron (o están en vías de adoptar) políticas de despenalización de posesión de drogas para uso personal, entreellos Uruguay, Venezuela, Colombia, Argentina y Brasil. Adicionalmente,crecen en la región nuevas formas de pensar y obrar en la lucha contra lasdrogas con foco en los derechos humanos, en el respeto a las culturasancestrales y en la búsqueda de nuevos tipos de cultivos y de usosalternativos.

Parte da legislación y de las políticas públicas, en los diferentes países de laregión, se muestra insuficiente y/o ineficaz para contener el uso y lacomercialización de las drogas. Cambios en la legislación, campañas deeducación, tratamiento de los consumidores, informaciones y concientizaciónson elementos centrales para lidiar con los problemas citados. Las declaraciones claras a favor de la despenalización, o mismo de ladescriminalización, de la reglamentación del tratamiento del problema de ladroga como cuestión de salud pública, parten hoy de figuras de los diversospaíses de la región y diferentes matices ideológicos y partidarios.

Las campañas de concientización de los maleficios de las drogas, en las cualesdeben participar los medios de comunicación, los formadores de opiniónpública, el sistema educac ional y las organizaciones de la sociedad civil,deberán utilizar mensajes eficaces y realistas, que alcancen efectivamente alpúblico receptor. La movilización de ex-viciosos que transmitan el drama vivido,ciertamente impacta mucho más que peticiones de principios.

Los sistemas de salud pública deben ser capacitados y dotados de recursospara apoyar los dependientes, así como se debe apoyar organizaciones de lasociedad civil dedicadas al tratamiento de dependientes.

Las fuerzas de seguridad pública deberían focalizar sus esfuerzos y recursosen la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de armas a él asociado,buscando desmantelar las grandes redes de comercio de drogas y armas y delavado de dinero. Esfuerzos desmedidos en la represión del usuariorepresentan un desperdicio de recursos limitados y abre las puertas de formainnecesaria a la corrupción de las fuerzas policia les y militares.

La política de seguridad deberá orientarse por un sólido sistema de inteligencia.Sin él, la represión es ineficaz y sus efectos sociales pueden ser hastacontraproducentes. Las nuevas políticas deberán utilizar pericias sobre lacalidad de las drogas ilícitas utilizadas y estudios sobre sus impactos en lasalud. El conocimiento producido a nivel nacional debe ser compartido entre los34países de la región, lo que permitirá identificar inclusive el origen y rutas de lasdrogas.

Nuevas políticas y campañas educativas deben estar acompañadas deinvestigación sistemática que apoye la toma de decis iones para actuar deforma eficaz en la prevención, información, educación y tratamiento.Observatorios de investigación deben estudiar regularmente los modelos ycambios en el uso de drogas ilícitas, de acuerdo con tipos, fajas etarias yestratos sociales de los usuarios. Esto exige un acompañamiento constantesobre lo que está sucediendo con los consumidores, incluyendo consecuenciasindirectas, como trasmisión de VIH (sea por vía sexual bajo efectos de drogas,sea por vía sanguínea en el compartir de jeringas).

La búsqueda de alternativas de desarrollo rural que cree infraestructura ymercados viables para los actuales productores de drogas ilícitas no debeexcluir a priori la posibilidad del aprovechamiento lícito de las mismas. Nuevasinvestigaciones científicas pueden valorizar el uso de la marihuana y de la cocacomo ingredientes para aplicaciones medicinales, uso culinario, goma demascar, producción de fibras extremamente resistentes para uso textil ycuerdas, productos de higiene, biocombustibles y plásticos vegetales.

La construcción del bien común exige soluciones corajudas que sólo puedenser des arrolladas por un debate abierto que fortalezca la disposición aexperimentar nuevas soluciones . Se trata de un tema complejo que exige lamovilización de las más diversas áreas de conocimiento y de la accióncoordinada de varias instituciones y de políticas públicas. En él, deberán participar parlamentos, gobiernos , poder judicial, órganos de seguridad pública,especialistas del sector de la salud y organizaciones de la sociedad civil, paraun diálogo abierto e informado, que transcienda los intereses corporativos. Unproblema complejo exige la movilización de los más diversos saberes einstituciones , que traten el problema a través de políticas integradas.

El problema de las drogas debe ser debatido frontalmente – a través dediscus iones, debates, estudios, investigaciones – por cada país y por el35conjunto de la región. Él no sólo afecta a las respectivas sociedades, sino quecrea espacios de criminalidad que desconocen límites nacionales. El temaexige, por lo tanto, nuevos fórums de debate en cada país y a nivel regional,que posibiliten la libre e intensa discusión, el intercambio de experienciaslocales y la búsqueda de soluciones conjuntas para una problemática regional.La región que más ha sufrido con las consecuencias negativas de la política de"guerra a las drogas", América Latina, puede contribuir efectivamente para la búsqueda de nuevos paradigmas en el enfrentamiento de los problemasplanteados por el comercio y el consumo de las drogas ilícitas.