TOMADO DEL PERIÓDICO EL TIEMPO.

Procuraduría revive caso de Gloria Lara; 27 años después podría ir a cortes internacionales
El Ministerio Público lo considera crimen de lesa humanidad y pide a la Corte Suprema que ordene su reapertura. De lo contrario sería llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Así lo dejó claro el procurador Alejandro Ordóñez. Eso significaría que, por primera vez, buscaría justicia en una instancia internacional como representante de la sociedad.

Así, el empolvado expediente por el secuestro y asesinato de Gloria Lara de Echeverri, uno de los crímenes de mayor impacto sucedidos en Colombia en la década de los 80, volverá a moverse.
Al igual que en el caso del magnicidio de Luis Carlos Galán, la Procuraduría le pedirá a la Corte Suprema revisar la cadena de omisiones y errores judiciales que lo han mantenido en la impunidad por 27 años

Lara era directora de Acción Comunal del Gobierno de Julio César Turbay y su padre, Oliverio Lara, un rico hacendado quien también murió secuestrado en 1978.

El caso se abrió el 28 de noviembre de 1982, día en que fue hallado el cuerpo de Lara con un disparo en la cabeza y con una bandera de la Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP) encima. Llevaba cuatro meses secuestrada.

Hace 8 años, el caso fue cerrado en la Corte sin ninguna condena. Los cargos contra las 19 personas vinculadas como presuntas responsables del crimen prescribieron y hoy viven exiliadas en Suecia, Austria y Francia, bajo el estatus de refugiados políticos y protegidos por ONG.

"El impacto de este crimen y los vejámenes a los que fue sometida Gloria Lara, llevan a establecer que estamos ante un hecho de lesa humanidad", dice Gabriel Jaimes, jefe de los procuradores judiciales, a cargo del caso Galán.
Las capturas
Una semana después del crimen, un informante contó que el ORP, al que pertenecían los secuestradores, era una especie de brazo armado de la Organización Nacional Indígena (Onic) en Sucre.
Con base en la información, el 19 de diciembre de 1982 el Caes capturó a Tadeo Espitia, funcionario del Fondo Nacional del Ahorro, quien en una declaración señaló a sus cómplices. Dijo que a Lara la asesinaron por temor a que los identificara y que él era el que le había disparado.
En un operativo en el Concejo de Bogotá fueron capturados el representante a la Cámara por Sucre Gabriel Gamboa y la diputada a la Asamblea de Cundinamarca Emperatriz Santander. Y en el sur de Bogotá fueron detenidas otras ocho personas. Todas admitieron su participación en el crimen y su interés de obtener fondos para sus actividades subversivas.
Los abogados de los detenidos lograron que el caso se derrumbara después de asegurar que se autoincriminaron luego de ser torturados.
Quedaron en prisión tres de los capturados, también vinculados al secuestro del directivo de la Texas Petroleum, Kennet Bishop. Los otros 16, con apoyo de ONG de Europa, salieron del país y en Ecuador y Panamá los recibió la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) que les dio estatus de refugiados políticos.
En 1992, el Tribunal de Orden Público condenó a los 19 implicados a penas entre 12 y 28 años. El caso pasó a la Corte Suprema que negó la solicitud de la Procuraduría de ordenar la captura de varios de los implicados y en el 2001 decretó la prescripción de la acción penal.
Ahora, la Procuraduría pide que a través de una acción de revisión se reabra el caso. De no prosperar, el Ministerio Público no descarta recurrir a la acción de tutela, antes de ir en última instancia a la Comisión Interamericana.
REDACCIÓN JUSTICIA